ASQUIFYDE

14 nuevas sustancias deberán iniciar un proceso de autorización para su uso futuro dentro del programa REACH 

Los productos químicos considerados muy peligrosos para la salud y el ambiente y que serán objeto de regulación prioritaria en Europa han pasado de 15 a 29, tras la ampliación aprobada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) , con sede en Helsinki. La inclusión dentro del programa REACH para el control de productos químicos de 14 nuevas sustancias se produce 15 meses después de hacerse pública la primera lista y más de tres años después de la aprobación del programa.

Entre las sustancias ahora incluidas están el dinitrotolueno (utilizado en la fabricación de espumas de poliuretano y de explosivos), varias fibras cerámicas de silicatos de aluminio y circonio (para el aislamiento de alta temperatura en usos industriales y la protección frente al fuego), varios productos que se utilizan para la fabricación de antraceno (un hidrocarburo), otros varios con plomo (para algunos pigmentos y tintes), así como el alquitrán a alta temperatura (en la producción de electrodos para usos industriales). También se incluye un ftalato, el de diisobutilo, que se utiliza ampliamente en plásticos, lacas, adhesivos, material explosivo y esmalte de uñas.

La identificación de una sustancia que produce una gran preocupación, según el título que se le ha dado a la lista, y su inclusión en ella constituyen el primer paso para que ésta inicie el nuevo procedimiento de autorización que nació con REACH. Entonces se identificaron más de 270 productos que deberían de ser sustituidos prioritariamente por sus potenciales efectos sobre la salud y el ambiente. La breve lista actual constituye el primer paso de un complejo proceso que ha producido las quejas de la industria química.

Estas sustancias “muy preocupantes” son cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, son persistentes y bioacumulativas o tienen efectos similares a las anteriores. Una vez incluidas en la lista, no se podrán poner en el mercado o utilizar con posterioridad a una fecha (todavía por fijar por la Comisión Europea), si no tienen la autorización pertinente. La ECHA advierte a las empresas que las fabrican o las importan de que deben consultar sus posibles nuevas obligaciones legales a partir de la inclusión.

Fuente: EL PAÍS.COM

300 componentes tóxicos se acumulan en la sangre humana, según el CDC

Mónica L. Ferrado.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han ampliado la lista de las sustancias de uso cotidiano que preocupan por su efecto contaminante sobre la población para incorporar 75 nuevos elementos. De esta forma ya son cerca de 300 los compuestos químicos bajo vigilancia por encontrarse presentes en los cuerpos de los ciudadanos procedentes de envases de productos alimenticios o mobiliario de oficina.

El bisfenol, un aditivo del plástico, está ya en el 90% de la población

Todavía no existe un posicionamiento claro sobre los efectos nocivos de algunos compuestos químicos de los que ya forman parte de la vida cotidiana, como el bisfenol-A, que se encuentra en muchos plásticos, o los retardantes de la llama que utilizan muchos tejidos. Son dos de los 75 compuestos recién incorporados al informe nacional sobre exposición humana a productos químicos, que desde 1999 lleva realizando el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y cumple su cuarta edición. Empezó con 212 productos químicos. Ahora ya se analizan casi 300.

Para realizar el estudio se han recogido muestras de orina y sangre de más de 2.500 estadounidenses repartidos por todo el país, de diferentes sexos y edades. El objetivo es determinar qué productos químicos logran penetrar en el cuerpo de los ciudadanos y en qué niveles. El informe destaca el bisfenol-A o BPA, ya que se encuentra en la orina del 90% de la población. Este producto se utiliza como componente de plásticos de uso común, muchos de uso alimentario, porque los hace más resistentes. Por ejemplo, forma parte del recubrimiento interior de algunas latas y de papeles para guardar alimentos. También se encuentra en cartuchos de impresoras, gafas e incluso en algunos biberones y chupetes.

En Canadá y en California hay un intenso debate para prohibir el uso del BPA, ya que algunos estudios apuntan a que ejerce efectos nocivos. En ratas y ratones se ha demostrado que interfiere en el ciclo hormonal natural, incluso con niveles muy bajos de exposición. El BPA puede actuar como disruptor endocrino, perturbar hormonas del desarrollo, estimular la pubertad precoz, afectar a la fertilidad, aumentar el número de adipocitos (células de grasa), inducir alteraciones precancerosas en las células e incluso favorecer la aparición de problemas de conducta. En el resto de EE UU también se ha debatido sobre la prohibición de este compuesto. En Europa “aún se considera que no hay suficientes conocimientos sobre sus efectos tóxicos”, afirma Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Autónoma de Barcelona y autor del único estudio de este tipo realizado en España, en Cataluña, inspirado en el modelo norteamericano.

El informe también revela que por las venas de casi todos los estadounidenses corre otro grupo de químicos presentes en la mayoría de hogares: los retardantes de la llama. Se utilizan en productos potencialmente inflamables, como tapicerías de sofás o colchones, tejidos para cortinas, en el salpicadero de algunos coches y en la carcasa de ordenadores. El BDE-47 es el retardante con mayor presencia en las muestras recogidas. Se acumula en el tejido graso de los seres humanos y se sospecha que actúan como disruptores endocrinos.

El informe también ha analizado por primera vez la presencia en sangre de mercurio, centrándose en bebés y en mujeres en edad reproductiva, entre 16 y 49 años. En la mayoría, el mercurio se encuentra presente, aunque en niveles diversos.

Otro metal, un tóxico que se puede considerar como un viejo conocido, el plomo, trae buenas noticias porque sus niveles han bajado. Según los datos recogidos entre 1976 y 1980, el 88% de los niños estadounidenses entre uno y cinco años presentaban niveles inaceptables de plomo en sangre, más de 10 microgramos por decilitro de sangre. Actualmente, el porcentaje de niños con niveles preocupantes de plomo en sangre se ha reducido hasta un 1,4%. La dieta, los alimentos y el agua son la principal fuente por la cual el plomo llega a los seres humanos. El estudio observa que se trata de poblaciones más desfavorecidas y que, por lo tanto, existe un claro gradiente social en cuanto a la exposición a este metal. Porta indica que la disminución también se debe a una menor presencia en el aire, sobre todo a raíz de la introducción de la gasolina sin plomo.

En el mundo, sólo Estados Unidos y Alemania realizan estudios de biomonitorización tan exhaustivos, explica Porta. En España, el informe hecho en Cataluña se basó en muestras de sangre y orina de 919 personas. Según sus resultados, todas las personas están contaminadas por al menos tres de los 19 compuestos analizados. Uno de los datos que llaman la atención es que los niveles de DDT (un pesticida que se prohibió en los años setenta) en Cataluña son superiores a los de EE UU. “En España se prohibió en 1977, y 30 años después todavía los encontramos en la sangre de la población, lo que demuestra que todavía está presente en la cadena alimentaria, sobre todo a través de los piensos que consumen los animales. El problema es que el organismo humano no lo excreta”, explica Porta.

  Fuente: EL PAÍS

Ofrecemos parte del texto traducido automáticamente y adaptado por Asquifyde.

En Copenhague, la Organización Mundial de la Salud (OMS) esbozó una propuesta adicional, para pasar a hablar de “verdades incómodas” a “verdades convenientes”.  El ex vicepresidente de EE.UU. Al Gore rindió un gran servicio al describir la incómoda verdad que plantean las decisiones a tomar en políticas de energía que podrían suponer una amenaza para el planeta. En los últimos 20 años, la OMS también ha reunido e informado sobre la evidencia de que el cambio climático pone en peligro la salud. De hecho, en 1992 la Convención Marco se basó en este tipo de advertencias, con el objetivo de evitar los “efectos adversos” sobre la salud humana y el bienestar, en el medio ambiente natural, y en las economías.

Pero creemos que ha llegado el momento de enviar mensajes más positivos. La transición que debemos hacer para enfrentar el cambio climático no debe ser vista como un coste económico doloroso, sino como una inversión valiosa a una forma más sostenible, más justa y más saludable para el futuro.

Desde la perspectiva de la salud, observamos una serie de aspectos positivos. El primero es que las políticas para mitigar el cambio climático pueden llevarse a cabo a través de los mecanismos existentes para la protección de la salud y el bienestar. El mes pasado, la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU., determinó que el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud humana, y por lo tanto puede ser regulado de la misma manera que los contaminantes convencionales. El vínculo entre el cambio climático y la salud, y las leyes vigentes de protección de la salud, han pasado a ser la piedra angular que servirá de base para la regulación  de los gases de efecto invernadero en todos los países.

La segunda es que, a corto y medio plazo, podemos proteger a las personas del cambio climático, y de esta forma aportar mejoras inmediatas  en la salud. (…)

En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que muchos de los cambios que tenemos que hacer para abordar el cambio climático podría traer grandes beneficios para la salud pública. Una serie de estudios, con el apoyo de la OMS y publicado en The Lancet a finales de 2009, ha cuantificado algunos de los beneficios directos en salud que podrían provenir de unas fuentes de energía más sostenibles, del transporte y de los sistemas agrícolas. (…)

Por lo tanto,  los objetivos a seguir después de Copenhague son los de apoyar las políticas más eficaces. (…)

(…) los valores que deben guiar nuestra respuesta al cambio climático son los mismos que los que guían nuestro trabajo en salud pública; la unidad de acción para obtener una mayor calidad de vida, proteger a los más débiles, y mejorar la equidad. (…)

Fuente: CLIMATE

Los enfermos respiratorios crónicos y cardiovasculares principales grupos de riesgo

En invierno aumenta la proporción de partículas en suspensión, que agravan las enfermedades respiratorias.

Las partículas en suspensión penetran por las vías respiratorias y se acumulan en el sistema respiratorio.

Según la OMS (2006) 2 millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación del aire.

En España, 16 millones de personas respiran aire contaminado según los limites establecidos por la Comisión Europea

Según los expertos reunidos en la VII Reunión de Invierno Conjunta de las Áreas SEPAR, celebrada en Palma de Mallorca ayer, la contaminación atmosférica es una de los mayores problemas de salud a nivel local y mundial de la actualidad ya que favorece la aparición o agravamiento de enfermedades respiratorias o asociadas a ellas como las vasculares o los cánceres. En España se calcula que fallecen cada año 16.000 personas de muerte prematura relacionada con la contaminación al aire y según la Comisión europea se producen 370.000 muertes al año por esta causa en la zona europea. Según un estudio de la OMS de 2006 dos millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del aire y la mitad de estas muertes se produce en los países desarrollados a causa de la contaminación originada por industrias y tráfico.

El origen del problema se encuentra las emisiones originadas por la industria, las calefacciones y sobre todo el tráfico. Los principales contaminantes son las partículas en suspensión, el ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno. “Cuando respiramos, respiramos mucho más que oxígeno, el aire contiene otros elementos que disminuyen la calidad del aire y tiene efectos nocivos en el medioambiente y la salud. Especialmente peligrosas son las partículas en suspensión a veces tan pequeñas que son capaces de penetrar en las vías respiratorias y desencadenar reacciones inflamatorias en los pulmones” afirma la Dra. Cristina Martinez, neumóloga y Coordinadora del Área de Enfermedades Respiratorias y Medio Ambiente de SEPAR.

El término “partículas en suspensión” abarca un amplio aspecto de sustanciaos suspendidas en el aire tanto de origen natural como artificial (polvo, hollín, polen, cadmio, sustancias químicas como ácido sulfúrico, petróleo, dioxinas, plaguicida.s…). El tamaño de las partículas sirve para clasificarlas y también para valorar su peligrosidad para la salud. Las PM 10 o partículas torácicas (10 micrones de diámetro) pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas, las PM2,5 o partículas respirables penetran en los pulmones y se depositan en los alvéolos disminuyendo la capacidad pulmonar. Las partículas ultrafinas pueden llegar incluso a la sangre.

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, niños, ancianos, personas con enfermedades respiratorias, especialmente asma y EPOC, y cardiovasculares son los principales grupos de riesgo ante la contaminación. Si en España, el sol y las altas temperaturas del verano aumenta la contaminación por ozono o smog fotoquímico, en invierno la falta de lluvias fuertes y vientos en amplias zonas del territorio español hace aumentar el nivel de partículas contaminantes en suspensión que permanecen más tiempo concentradas. En invierno también aumenta la combustión de materiales fósiles para la calefacción. Tampoco la estructura de las ciudades españolas con edificios altos y calles estrechas faculita la dispersión de partículas.

El informe de Ecologistas en Acción de 2008 señala que segundos valores limites establecidos en la Directiva 2008/50/CE, un 35% de la población española (16 millones de personas) respiran aire contaminado. Si se toman en cuenta las recomendaciones de la OMS el porcentaje se incrementa la 84% de la población (38 millones de personas).

La solución es reducir los niveles de contaminación atmosférica. “La adopción de medidas dirigidas a reducir la contaminación como la limitación de la velocidad en la ciudad y alrededores o el incentivo del uso del transporte público, se ha demostrado, en las ciudades que lo han estudiado, que va acompañado de un descenso de las exacerbaciones de enfermedades respiratorias y de la disminución del número de hospitalizaciones” afirma la Dra. Martínez.

Fuente: SEPAR

El nivel de dióxido de nitrógeno se mantiene respecto a 2008, pero se aleja de lo que exige Bruselas - 22 de las 25 estaciones de medición superaron el límite

ELENA G. SEVILLANO

 No avanzamos. La capital sigue igual de contaminada que hace un año. La concentración media de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico causado por el tráfico que irrita las vías respiratorias, fue en 2009, de media, de 55 microgramos por metro cúbico (mcg/m3). Exactamente lo mismo que el año anterior, según el informe sobre calidad del aire que presentó ayer Ecologistas en Acción, y que se elabora a partir de los datos que ofrece el propio Ayuntamiento en su página web.

Madrid tiene que reducir la polución un 27% en un año para cumplir la ley

Podría parecer un dato positivo: no estamos mejor, pero tampoco peor. El problema es que cada vez nos alejamos más de los límites para la protección de la salud que establece la Unión Europea. El valor medio recomendado para el año 2009 era de 42 mcg/m3. Es decir, la diferencia entre la contaminación que sufrió la capital y el máximo recomendado fue de 13 puntos. En 2008 la diferencia entre el valor ideal y el real fue de 11 puntos.

La situación se le complica al Ayuntamiento de Madrid, que está muy lejos de poder cumplir la normativa europea -traspuesta a España en un real decreto-, que exige que no se rebase la media de 40 microgramos al año a partir de 2010. Hasta ahora, los máximos eran recomendaciones que se iban reduciendo año a año de manera progresiva, con el objetivo de facilitar a los países la adaptación. Madrid tiene que recortar su media en 15 microgramos anuales, es decir, que la contaminación por NO2, generada por el tráfico, tiene que reducirse una cuarta parte (27%) en lo que queda de año.

El aire sucio se concentra en el eje norte-sur, básicamente en la zona de la Castellana. Las estaciones de medición con valores medios más altos fueron Marañón (82 mcg/m3), plaza de Luca de Tena (74), Recoletos (71), Marqués de Salamanca (66) e Isaac Peral (64). De hecho, 22 de las 25 estaciones que estuvieron en funcionamiento el año pasado superaron el valor límite anual de 42 microgramos por metro cúbico.

La legislación europea establece también un valor límite horario que en 2009 estaba fijado en 210 mcg/m3. No debería rebasarse más de 18 veces al año. De las 25 estaciones, seis superaron más veces el límite. En Marañón, por ejemplo, se respiró por encima de ese nivel en 117 ocasiones. “Cumplimos con la legislación vigente”, asegura el Ayuntamiento cada vez que se le pregunta por el tema. Y es cierto, porque la obligación de ajustarse a los valores para protección de la salud empieza en 2010.

“Estamos trabajando para cumplir con la directiva”, aseguró ayer una portavoz de Medio Ambiente. Una de las medidas con las que pretenden conseguirlo consiste en reordenar el mapa de estaciones de medición. Cambiándolas de ubicación y suprimiendo alguna. De las 27 actuales van a quedar 23 para medir NO2 y 12 para medir partículas en suspensión (PM10), con lo que se pierden los datos históricos y se dificulta la comparación con años anteriores.

La mala calidad del aire causa 2.000 muertes prematuras en Madrid al año, recordó ayer Ecologistas en Acción. Y “el Ayuntamiento continúa sin garantizar el derecho de los madrileños a respirar aire sano”, afirmó su portavoz, Paco Segura. Los ecologistas calificaron la estrategia local de calidad del aire, de 2006, de “rotundo fracaso”. La estrategia preveía implantar zonas de emisión baja (ZEB) para impedir la entrada al centro a los vehículos más contaminantes en 2008. A día de hoy, aún no tiene fecha.

Fuentes: EL PAÍS

Excessive secrecy prevents the public from knowing what chemicals are used in their communities and what health impacts might be associated with those substances, according to a recent analysis of government data by the nonprofit Environmental Working Group (EWG). The growing practice of concealing data alleged to be trade secrets has seemingly hobbled regulators’ ability to protect the public from potential risks from thousands of chemicals.

Calling the situation “a regulatory black hole, a place where information goes in - but much never comes out,” EWG’s analysis, Off the Books: Industry’s Secret Chemicals, criticizes the nation’s primary chemical statute, the Toxic Substances Control Act (TSCA), and highlights excessive secrecy as one of the law’s biggest flaws.

By literally locking up the data within a few offices at the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the agency prevents researchers, in and out of government, from identifying risks and problems with the use of the rapidly growing number of chemicals in commerce. Moreover, without the information, the public is unable to make informed decisions regarding the safety of everyday activities - from what cleaning products to use to what bedding to sleep on.

The data obtained by EWG under the Freedom of Information Act (FOIA) partially reveals the extent to which EPA is allowing chemical manufacturers to hide chemical names, the chemicals’ characteristics, and often even the identity of manufacturers. EWG also found that for two out of every three chemicals that entered commerce in the past 30 years, their identity remains secret. Of the more than 83,000 chemicals in commerce, information on 20 percent is kept secret. These secret chemicals include substances that have shown a substantial risk of injury to health or the environment. The list of secret chemicals also includes those used in products specifically designed for children.

The 33-year-old TSCA includes provisions to protect information that manufacturers claim would hurt their profits if it were disclosed. Businesses can claim that such information is confidential business information (CBI) when they submit it to the agency. If the government does not raise an objection to the claim, it must protect the information from disclosure. Many offices don’t have sufficient staff to review all of the CBI claims made by companies in their submissions. In the case of chemicals, the EPA does not share information claimed as CBI with other agencies, state or local officials, emergency personnel, or even within EPA itself, except under certain, highly restricted circumstances.

The use of CBI claims by chemical companies has been increasing. The EPA data show that secret chemicals make up a much greater proportion of widely used chemicals than they did 15 years ago. Secret chemicals increased five to six times by volume produced from 1990 to 2006.

According to the EWG report, “Hiding the identity of these chemicals could significantly delay or completely prevent actions to reduce exposures to compounds that by definition require an open and transparent evaluation of their risks.”

The refusal to disclose chemical information can have serious consequences for public health. In 2008, a spill of fluids used in natural gas drilling sent a drilling worker to the hospital. The worker recovered quickly, but one of the nurses treating him was also exposed to the chemicals on the worker’s boots, and her health gradually deteriorated. As the nurse’s health declined, her physicians struggled to get the needed information on the drilling chemicals she was exposed to because the information was considered a trade secret.

The EWG study did not evaluate how frequently EPA challenges claims of CBI or what outcomes such challenges produce. However, a 2005 report by the Government Accountability Office (GAO) stated that only about 14 CBI claims were challenged per year, and that in almost every instance, the industry capitulated and agreed to disclosure of the information. The GAO report found that 95 percent of manufactures’ new chemical registrations with EPA contain some information alleged to be trade secrets.

Back in December 2000, the EPA began a process to revise its regulations for dealing with confidentiality claims throughout the agency. This agency effort was geared to replace a 1994 attempt, which was abandoned due to “the complexity of the issues raised in the public comments.” The 2000 initiative was also abandoned before completion.

There is some indication that the Obama administration may take action to reduce the amount of secrecy that prevents the public from understanding what chemical threats surround them. In July 2009, shortly after assuming leadership of EPA’s Office of Prevention, Pesticides, and Toxic Substances, Assistant Administrator Steve Owens ordered the disclosure of 530 identities of substances produced in large amounts. Also, in a recent Washington Post article, Owens stated, “People who were submitting information to the EPA saw that you can claim that virtually anything is confidential and get away with it.”

Although the EWG report focuses on the treatment of alleged trade secrets under TSCA, the use of CBI claims allows EPA to hide other types of industry data, such as information about pesticides, which are regulated under a different law. Recently, EPA concealed information on the inspection and enforcement histories of coal ash impoundments. These impoundments contain billions of tons of toxic waste generated from burning coal for electricity. In December 2008, the catastrophic failure of one such impoundment sent 5.4 million cubic yards of toxic coal ash flowing over 300 acres and into rivers in Tennessee. The EPA also manages alleged trade secrets under the Clean Air Act, Clean Water Act, Safe Drinking Water Act, and many other statutes.

Advocates for greater transparency of chemical information have offered numerous suggestions for reforming what they and the EPA recognize to be excessive and harmful levels of secrecy. The CBI regulations under TSCA have helped create an agency culture that is geared toward secrecy, with criminal penalties for unauthorized disclosure of CBI by agency personnel and the imposition of huge resource burdens if the agency attempts to challenge a company’s trade secrets claims. Among other changes, reformers call for a narrower, clearer definition of what information may legitimately be claimed as a trade secret, greater up-front substantiation of the claims, and periodic reviews to remove outdated or unjustified CBI determinations.

 Fuente: OMBWATCH